Aguas Blancas, la otra masacre, la de de los “muertos en vida”

19 abr

Aguas blancas: la otra masacre, la de los “muertos en vida”

Roberto Ramírez Bravo

(Publicado por el semanario La Palabra, en junio de 2000)

MASACRE28-06-06 (48)PASO REAL, municipio de Coyuca de Benítez. A cinco años de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, las consecuencias del atentado perpetrado por elementos de la Policía Motorizada y de la Judicial, se muestran no sólo en quienes fueron asesinados el 28 de junio del 95, sino también en “los que están muertos en vida”, como define la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino Mesino, a los que resultaron lesionados y hoy están incapacitados para el trabajo.
“No son sólo los 17 campesinos asesinados, sino todos los que quedaron muertos en vida, los que ya no pudieron volver a trabajar, los que andan por ahí sin saber qué hacer, los que todavía necesitan ayuda psicológica para recuperarse del susto de la balacera. Algunos compañeros quedaron ciegos, sordos, rengos, otros están todavía muy enfermos”, dice Mesino Mesino.
Rodeada de un grupo de sobrevivientes de la masacre, habitantes de esta población, la hija del fundador de la organización y ex preso político, Hilario Mesino Acosta, advierte: “no se puede olvidar, no se puede perdonar como pide el PAN, aquí no hay perdón, aquí los daños han sido irreparables”.

Es en un punto del recorrido de los reporteros que abarca las comunidades de Paso Real, Atoyaquillo, Tepetixtla y la colonia Tierra y Libertad, bastiones de la OCSS, donde se diseminan los afectados por la balacera del 28 de junio de 1995, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.
Sentados en sillas colocadas en el patio de una casa, los campesinos sobrevivientes van hilvanando sus relatos uno a uno. Apolonio Romero Baylón, de 44 años, por ejemplo, fue lesionado en un dedo de un balazo, y poco después fue atacado por desconocidos que le dispararon 21 impactos de AK-47 sin puntería.

Del vado de Aguas Blancas, dice, se levantó ya con el azúcar en altos niveles de concentración que poco a poco fueron provocando estragos en su salud hasta llegar al tiempo actual, en que se encuentra en un estado delicado. Apenas puede caminar, apoyado con un bastón. Sus hijos sostienen la economía familiar y él, hasta el momento, no ha sido atendido por ningún médico.

“O sea que fui un doble masacrado”, ironiza con un dejo de tristeza en el rostro.
-Y todavía está vivo.

-Sí, pero ya ando entregando. Como quien dice van a ser 18 los muertos conmigo.

Desde hace dos años, relata, “definitivamente ya no trabajo, mi mujer y mis hijos son los que trabajan. Me cayó la diabetes, me siento mal, me vienen decaimientos del cuerpo, siento mucho desmayo”.

En conjunto, son 34 los sobrevivientes de la masacre, y un número indeterminado de sus familiares se han visto afectados por las enfermedades, o por la incapacidad de aquéllos.

Santo Galeana Santiago, de 53 años, relata su propia tragedia: “El 28 no sabía lo que nos iba a pasar. Vi que detuvieron la camioneta de adelante y los tiraron al piso y pensé, si es eso nada más, está bien. Pero no: me tocó una bala en la cabeza y todavía la traigo”.
Desde el día del atentado, fue trasladado al hospital Vicente Guerrero del IMSS, en Acapulco, donde le tomaron placas, pero los médicos le advirtieron que extraer la bala podría ser peligroso. “Después me pasaron al Hospital General y ahí me dijeron que no me operarían; yo les pedí que me pasaran a México, pero nunca quisieron”.

Desde entonces permanece con la bala como una parte de su cuerpo. “Yo lo único que quiero –dice- es que me ayuden para que me operen, porque cuando voy al sol me duele mucho la cabeza. Me dijo el doctor que el plomo se calienta y es que lo que me hace doler. Un doctor me dijo que si no me operaban luego, a largo plazo me puede nacer un tumor”.

El único beneficio que obtuvo Galeana Santiago fue un trabajo de conserje en el ayuntamiento, donde percibe 700 pesos a la quincena pero tiene que desplazarse todos los días a la cabecera municipal de Coyuca.

Así, uno por uno, en la geografía coyuquense van apareciendo los restos de lo que fue la balacera. Benicio Godínez Silva, de 27 años, recibió un balazo en la rodilla izquierda y aún renguea; Marcos Carranza Arizmendi recibió un impacto en el costado izquierdo, y es uno de los que físicamente tuvieron recuperación, aunque todavía presenta síntomas psicológicos a consecuencia de la balacera.
Otros lesionados son Felipe Sánchez, de 56 años, quien anda todavía con una bala alojada en el cuerpo de un total de siete impactos que recibió, algunos de ellos en las manos; Andrés Sánchez quedó prácticamente inválido por un balazo en el pie, y todavía presenta síntomas de dolor cada vez que la temperatura ambiental desciende.

Norberto Pastrana Gallardo todavía conserva la lesión que le produjeron los balazos en las manos, que presenta dificultades de movimiento y dificulta su labor en el campo; Rodolfo Carranza Pastrana, de 32, aún mantiene dolores en la espalda; y Juan Pastrana García, muestra su oreja partida por un balazo.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es atención a la salud de los enfermos, que se dé atención a todos los que resultaron lesionados, y que se atienda psicológicamente a los que todavía conservan problemas a raíz de la balacera”, estableció Mesino Mesino.
“Queremos –dijo- proyectos productivos, obra social, un centro de salud. Sabemos que una paca de lámina de cartón o un bulto de cemento no van a cambiar la pobreza o la situación de vida de los compañeros. Un caso grave es el de Atoyaquillo, que tiene 200 habitantes y le piden 2 mil firmas como condición para construir un centro de salud”.

LA REALIDAD COTIDIANA: LAS EX VIUDAS

Otros factores que están presentes en la conmemoración del quinto aniversario de la masacre de Aguas Blancas, es el papel que han jugado las esposas de los campesinos victimados, quienes en su mayoría han asumido su afiliación al Partido Revolucionario Institucional; encabezadas por María Díaz, una viuda que no lo fue de la masacre, sino por causas distintas, fueron alejándose de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que inició su defensa.

Beneficiarias de una compensación de 50 mil pesos, una vivienda ubicada en una unidad habitacional conocida como “Las Viudas”, en el rumbo de Las Lomas, y una pensión de 2 mil pesos mensuales, las ex esposas de los victimados han iniciado su propio caminar.
María Díaz, la lideresa –“las viudas no tienen nada de qué hablar”, dice de entrada a los reporteros- refirió que como grupo han conseguido diversos apoyos a través del PRI (apoyos que no mencionó), y para la conmemoración del quinto aniversario, se espera contar con un apoyo especial.

Rechazó que las viudas hayan vuelto a contraer matrimonio y señaló que en cambio los padres de los victimados han sido quienes han recibido beneficios que no llegan a los niños huérfanos.

Otra es la percepción de los familiares y de las viudas que aún mantienen su lucha dentro de la OCSS. Mónica Balanzar Ramírez, por ejemplo, de Atoyaquillo, es madre de uno de los muertos, y una de las tres únicas mujeres que se han negado a afiliarse al PRI. En consecuencia, la vivienda que le fue asignada presenta cuarteadoras en el techo, inundaciones en tiempos de lluvias y en general se encuentra abandonada.

“Lo que me dijeron es que me vaya con María Díaz, para que me compongan la casa –dice-. Pero dónde cree. Ni ahora ni nunca”.

Paula Mendoza Téllez, de Atoyaquillo, de 72 años de edad, también recibió una casa que se encuentra en el abandono. “Nos dieron dinero, pero yo a mi marido no lo tenía en venta, y él sabía cómo, pero yo vestía, comía y calzaba, dice. Ahora, a cinco años de distancia, su salud es precaria: “padezco tos, se me acaba el resuello y después me quedo con el dolor de cabeza. Ya no puedo salir ni a la puerta, así que aquí estoy todos los días, encerrada”.

En tanto la actitud de las viudas de Aguas Blancas ha sido criticada por los padres de los muertos. Isabel Gallardo y Baltasar Rebolledo, de 48 y 49 años, padres de uno de los campesinos asesinados por la policía, señalaron que en términos generales las viudas –empezando por su propia nuera- se han dedicado a lucrar con el nombre de los difuntos para obtener beneficios económicos del gobierno, y la mayoría de ellas ya se ha casado.

En algunos casos, según refiere Norma Mesino, han sido hasta agentes de Gobernación quienes se han convertido en los nuevos esposos de las viudas.

“Hay una gran diferencia entre las viudas. Unas están casadas con agentes de Gobernación, pero las madres de los compañeros no se dejaron comprar, y ahora son ellas las que están encabezando las demandas”, dijo.

A cinco años de la matanza, pocas cosas han cambiado en esta zona de Coyuca de Benítez. Lejos de disminuir, la presencia militar se ha instalado en todos los caminos, y los retenes se colocan por mayor tiempo cada vez, aunado a los grupos paramilitares que han sembrado el terror en la zona, los asesinatos tanto de priístas como de perredistas están a la orden del día, y las comunidades carecen de caminos y servicios.
Las demandas por las que luchaba la OCSS en 1995, dijo Mesino Mesino, no han sido cumplidas, y en cambio los pueblos se encuentran más empobrecidos, con la baja de precios del café y otros productos.

LOS SALDOS DE LA REPRESIÓN

La historia de la matanza de Aguas Blancas y sus secuelas invariablemente está ligada a la represión. Desde el 28 de junio del 95, varios dirigentes de la OCSS han sido encarcelados, algunos de ellos ya liberados, como Hilario Mesino Mesino, Reyna Avelino Hizache, Jerónimo Adame Benítez, torturado durante tres días, Lorenzo Adame del Rosario y Teodoro Juárez Vargas.
Otros dirigentes de la misma organización han sido asesinados, como Eugenio Aguirre Bahena y Eugenio Mena, quienes fueron muertos a balazos 15 días después del 28, y Eusebio Vázquez Jiménez, muerto el 9 de junio de 1998. Se encuentran desaparecidos los dirigentes Gilberto Romero Vázquez y Benito Bahena Maldonado.

En la colonia Tierra y Libertad, de este municipio, Jerónimo Hernández Refugio, uno de los dirigentes que fueron desaparecidos, relató que en su caso estuvo preso por tres días, con los ojos vendados, lapso durante el cual recibió todo tipo de torturas para obligarlo a confesar su supuesta militancia en el Ejército Popular Revolucionario. “Desde entonces he sido hostigado y sigo apareciendo en la lista negra de la Base de Operaciones Mixtas (BOM)”.

En estos cinco años, dijo, se incrementaron los retenes móviles instalados por los militares y los recorridos que éstos realizan por los campos de sembrado. En la carretera se encuentran las BOM, la Motorizada, la Judicial y el Ejército; en el monte, los militares andan con el rostro pintado de manchas verdes, y al llegar a las comunidades se despintan, afirmó.

Asimismo, se ha incrementado la presencia de los grupos paramilitares, los cuales según refirió Norma Mesino, son protegidos por el regidor de Coyuca, Julián Robles Rodríguez, originario de Tepetixtla, y por el tesorero del ayuntamiento, José Luis Benítez, así como el priísta Gabriel Vázquez, también de Tepetixtla.

Mesino Mesino señaló que para crear inestabilidad en la zona, el gobierno ha promovido los asesinatos no sólo de perredistas, sino de priístas, o bien asesinatos de perredistas en los que se inculpa a otros perredistas, a efecto de promover la división.

Respecto a los grupos paramilitares, Hernández Refugio señaló que éstos se mueven como los militares: recorren la sierra fuertemente armados y camuflageados, y utilizan armas de uso exclusivo del Ejército, sin que nadie les diga nada, y en ocasiones se encapuchan.
Hace dos meses, dijo, aparecieron en la comunidad de Yerbasantita cinco hombres armados preguntando por varios integrantes de la OCSS, aunque señaló que como grupo, los paramilitares no han adoptado ningún nombre hasta el momento.

Hernández Refugio señaló que hay una lista negra de campesinos y dirigentes perredistas y de la OCSS que están en la mira de los paramilitares. En Atoyaquillo, integran esa lista Juan Hernández Lozano, Zenobio Hernández González, comisario; Filemón Refugio Zambrano, Marco Antonio Bello Abadicio y Miguel Martínez Reza.

En Paso Real, están Baltasar Rebolledo Refugio, Claudio Avelino, Rodolfo Carranza Pastrana, y en Yerbasanta, Jerónimo Adame Benítez, Ramiro Jiménez Sonora, Lorenzo Adame del Rosario. Estos últimos fueron involucrados en el secuestro del Ñoño Campos  , ocurrido en 1999.
Incluso, la represión se ha mantenido constante. Rocío Mesino Mesino, dirigente también de la OCSS, fue detenida en Atoyaquillo por un tiempo, y luego, en Coyuca de Bentíez, una ocasión en que se detuvo a comer en un restaurante, el Ejército rodeó al establecimiento y cuando ella salió los militares preguntaron al dueño si ella acostumbraba comer ahí.

“Pedimos que el Ejército salga de las comunidades, porque ahí no tiene nada que hacer. Que vuelva a sus cuarteles, no estamos en guerra”, sintetizó Norma Mesino.

Durante el recorrido de los reporteros, que abarcó varias comunidades de esta zona, en el retén instalado a la salida de Aguas Blancas, efectivos del Ejército, la Policía Motorizada, la Judicial y la Preventiva del municipio, revisan a los vehículos que avanzan hacia Paso Real o vuelven a la cabecera municipal. A la unidad en que viajan los reporteros también le toca revisión: “estamos en el Programa permanente de combate al narcotráfico”, dice el soldado, pero lo que revisa con minuciosa atención son los documentos que encuentra a su paso, hoja por hoja. Lee palabra por palabra. Luego dice: “pueden continuar”.

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